El neoliberalismo como catalizador del nuevo colonialismo empresarial

Las novísimas macroperaciones mercantiles de compraventa internacional de empresas están dando lugar a un nuevo tipo de colonialismo territorial, si bien no desconocido hasta ahora si acentuado por la naturaleza pública de las empresas compradoras. Evidentemente me refiero a la OPA de E.on sobre Endesa y la posible e importante participación de Lukoil sobre Repsol-YPF.

El artículo 56 TCE preceptúa que “quedan prohibidas todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países”. Este artículo es el paradigma de la escuela neoliberal a la que se ve reconducida la comunidad europea –recordemos que la UE no tiene personalidad jurídica-. Gracias a este artículo todo vale: nos juntamos un grupo de Estados a jugar a las cartas y apostamos libremente, no importa los recursos que tengamos o las trampas que empleen los contrarios: lo importante es fomentar “la eficiencia empresarial y financiera mediante el libre mercado”-. Este Artículo fue crucial en la OPA citada ya que gracias a él se logró mediante recurso de anulación la posible compra de Endesa a la que el Gobierno puso todas las trabas posibles, si bien obró erróneamente en las formas el contenido resulta más que fundamentado y coherente. La forma someramente se traduzco en la urgente aprobación de un Decreto-Ley que reformaba Ley 34/1998 creadora de laCNE (Comisión nacional de la energía). Esa reforma –inmediatamente posterior a los rumores de la OPA- formulaba un mecanismo de consulta y aprobación vinculante ante la CNE para las adquisiciones de empresas dedicadas a la industria energética en general. Podrían denegarse dichas compras cuando se afectare a sistemas estratégicos (campeones nacionales) en base a la seguridad y garantía del suministro. A la vista está que la rauda reforma hace sospechar el interés del Gobierno por evitar de hecho y de derecho la compra si bien por un fondo a mi juicio legítimo.
La seguridad y garantía del suministro constituyen el fondo de la reforma: ¿ Puede una empresa pública como es E.On comprar una empresa española recién privatizada? Está claro que en el seno de la Comunidad europea existe un principio de reciprocidad y otro de dudosa seguridad jurídica por lo que hay que pensar que solo se trata de una operación mercantil más “como” si se tratara de empresas privadas “normales”. (Por Dios, una empresa estatal ya es de por sí una metáfora, deberían atender exclusivamente no solo de interés general sino estatal: a no ser que los ciudadanos tuvieran entre sus DDFF el derecho a la participación de los dividendos estatales). En conclusión: ¿Cómo puede una empresa pública controlar más de 1/3 de suministro eléctrico de otro Estado? La dependencia sería concreta aunque atenuada porque al menos España produce su propia energía eléctrica aunque sea también dependiente en cuanto a productos fósiles.
El TJCE declaró la nulidad de la reforma del Gobierno y posibilitó la compra de E.on que por intereses financieros –de oportunidad- al final no compró Endesa pero si lo hizo Enel –monopolio público italiano…-.

Bien. ¿Qué sucedería si salimos del ámbito “seguro” de la Comunidad europea? ¿Y si España depende directamente de combustibles fósiles no será mucho más controlable? Aquí entra en juego Lukuil, empresa pública rusa de hidrocarburos que quiere comprar 1/3 de Repsol-YPF. El Art. 8 Constitución rusa nos dice que “la Federación Rusa se garantizan la unidad del espacio económico, el libre tránsito de mercancias, servicios y medios financieros, el respaldo a la competencia y la libre actividad económica”. Coincidente con la libre actividad económica –bendito Milton- y el libre tránsito dentro de la Federación nada nos dice de la relación con terceros Estados. Omito este punto, no obstante. Como bien sabemos rusia no es el paradigma de la transparencia democrática y España no tiene ni Gas ni Petroleo en su territorio por lo que es completamente dependiente. Con un 30 % del Capital social de Repsol tiene margen de maniobra suficiente –seguramente mayoritario- de la compañía. No hablo en términos catastrofistas, claro está, solo me refiero a la clara posición dominante en el ámbito negociador. La dependencia sin correcciones es mala, mucho dudo que Rusia atendiera a intereses paternalistas con España. Arguyen los empresarios más abezados que la compra por una empresa que tiene recursos propios e independiente podrá abaratar precios, mejorar el suministro y otras tantas y buenas cosas (Memoria: Lukoil no hace mucho cortó el Gas a Polonia y a Ucrania…).

Tras este extenso desarrollo no cabe sino sacar una breves conclusiones:

1º Es inconcebible que una Empresa pública se rija por criterios empresariales privados.

2º Es inconcebible que una Empresa pública realice inversiones sobre “campeones nacionales”, empresas estratégicas y no mucho antes públicas.

3º La dependecia origina un poder de dirección lo que se traduce en un imperium de nueva cuña pero que redunda en lo mismo: el territorio.

4º El intervencionismo es necesario para corregir los desajustes del Derecho internacional público que es lo mismo que dejar a Grocio con su iure belli: regularicemos la guerra del mercado empresarial.


(No quiero ser tan apocalíptico como el “favorito" de sueño con serpientes César Vidal pero es una interpretación a respetar. Doy por hecho que esto no es nuevo pero ahora nos atañe más directamente, el YPF de Repsol es de una concesión administrativa argentina, Repsol también esta en Bolivia… Los intereses petrolíferos de occidente –EEUU, los europeos somos más elegantes: disimulamos mejor-. Tampoco hay que confundir distribución con producción ni con comercialización)