Sobre la televisión pública

Desde hace algunos años va cobrando cada vez más fuerza (incluso desde ciertos sectores de nuestra socialdemocracia) la posibilidad de privatizar los dos canales de televisión pública de ámbito estatal que actualmente existen en nuestro país.
Las razones que alimentan tan novedosa demanda son de lo más variado. Resumiré los tres argumentos que con mayor frecuencia he escuchado. Van desde lo político a lo estrictamente económico (¡una televisión pública no puede ser rentable!)
Por un lado hay quienes postulan, no sin razón, que no tiene sentido mantener una cadena pública de televisión que además de ser un agujero negro para los fondos del estado no ofrece una programación diferente a la de las cadenas privadas, no contribuyendo por tanto a ninguno de los fines que le son propios a un estado social y de derecho.
Desde los sectores más liberales, la crítica realizada es muy diferente. Se plantea que la televisión pública termina convirtiéndose necesariamente en un instrumento de propaganda del gobierno de turno. Por desgracia, nuestra historia más reciente parece confirmar esta profecía Hayekiana (no se muy bien si existe esta palabra, espero la corrección de Alberto, Álvaro y demás apasionados de la escuela austriaca de economia….).
Un último argumento, inspirado por el fuerte cambio ideológico que desde los años 80 parece haber impregnado nuestra economía, señala que la televisión pública, precisamente por su carácter público es otra institución anacrónica de otros tiempos, cuyas estructuras internas (régimen laboral y de funcionamiento interno) impiden que pueda funcionar de manera adecuada. En opinión de esta corriente, el proceso de adaptación sería tan costoso que resulta mucho más eficiente cerrar la televisión o privatizarla (lo mismo sucedería con tantas otras empresas públicas) que reformarla.

Adelanto mi opinión. Soy partidario de una reforma profunda de la televisión pública, pero no de su cierre ni tampoco de su privatización.
La televisión puede convertirse en un vehículo fundamental de transmisión de cultura y valores, sin dejar de lado el entretenimiento. De igual forma, se constituye actualemtne en el principal vehículo por el que los ciudadanos tienen (o podrían tener) acceso a informarse de lo que ocurre. Sin embargo, también es cierto, que en los tiempos que corren la televisión puede convertirse en el más eficaz instrumento de control social, utilizado en este sentido como mecanismo educacional (quizá fuera más correcto decir anti-educacional) y propagandístico. Como decía XIII en la entrada anterior a ésta, la concentración del control de los medios de comunicación es un grave peligro para la democracia.
En mi opinión, los medios de comunicación públicos en España necesitan de una reforma estructural urgente. Es necesario dotar a estos medios de un nuevo estatuto de funcionamiento de forma que garanticen su pluralidad, la presencia de minorías y que impidan la utilización partidista que hemos visto en los últimos tiempos (con un mayor grado de disimulo por parte del PSOE). El nuevo estatuto tendría que romper con la identidad de los conceptos público y del gobierno. ¡Son dos cosas diferentes (o deberían serlo)!
Por otro lado, parece claro que también es necesaria una reforma en la programación. No tiene sentido mantener pública una empresa que no cumple unos objetivos públicos. Sin embargo, en mi opinión, la solución no es privatizarla, sino cambiarla para que comience a cumplirlos. Podemos admitir una institución pública deficitaria, o que no venga regida por los principios del máximo beneficio, pero siempre y cuando persiga unos fines socialmente deseables.
Por tanto, y con el objetivo de salvar de la privatización una de las instituciones fundamentales de nuestro sistema de bienestar y patrimonio público, ¡REFORMA DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA YA!